miércoles, 28 de abril de 2010

LA JUSTICIA SOCIAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO


La tensa situación creada por el cardenismo entre los capitales mexicanos se reflejó en los primeros momentos del sexenio de Ávila Camacho. Los empresarios pedían fuera reprimida toda manifestación obrera que pusiera en peligro el desarrollo de la industria y se oponía principalmente a que los sindicatos intervinieran en asuntos políticos.
En febrero de 1940, Fidel Velázquez fue elegido secretario general de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y aún cuando aseguró que se seguiría la ruta marcada por el secretario saliente, con su acceso a la dirigencia de la CTM habría de consumarse el cambió de orientación ideólogica de la central obrera. Las rivalidades existían entre las centrales obreras acentuaron la desconfianza de los empresarios y obstaculizaron las tareas gubernamentales, un momento duro en que la situación ecónomica y la inminencia de la guerra internacional, hacían apremiante poner en práctica la política de apaciguamiento del sector obrero. El gobierno habría de tomar algunas medidas tanto legales como políticas: reformas a la Ley Federal del Trabajo, con el propósito inmediato de limitar rígidamente el derecho de huelga y de mandar al movimiento obrero, entonces disperso, que se unificará en pro del desarrollo ecónomico del país. A principios de 1941 se creó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se reformaron algunos artículos constitucionales en lo relativo a la jurisdicción laboral de la federación, con el objeto de vigilar a las industrias estratégicas en vísperas de la guerra y tener un mayor control sobre conflictos que pudieran afectar la paz interna.

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